La norma, impulsada por asociaciones de afectados, da también derechos a las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados o libros de registros de ingresos y partos, entre otros. También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas "serán sufragadas por el Ministerio de Justicia" y que las pruebas de ADN serán gratuitas. Recordemos que según los cálculos de las asociaciones de afectados, unos 300.000 bebés fueron robados para ser entregados a otras familias.