El Gobierno de Cantabria derribará 120 de las 254 viviendas con sentencias de demolición en Argoños, tras la anulación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por parte del Tribunal Supremo. La sentencia invalida la base jurídica sobre la que el anterior Ejecutivo trató de legalizar parte de las construcciones, arrastrando también al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que ahora queda en el aire.
Las viviendas afectadas por los derribos inmediatos se reparten entre 21 en la urbanización Pueblo del Mar y 99 en La Llana I y II. Los propietarios dispondrán de 15 días para decidir si optan por una indemnización económica o una vivienda de sustitución, en función de los convenios firmados con el Gobierno autonómico en 2015.
25 años de lucha
Ciriaco, vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (A.M.A), explica que esta situación arrastra ya 25 años de lucha. “Nosotros tenemos una sentencia de derribo desde hace 25 años”, recuerda. En todo este tiempo, los afectados han visto cómo se sucedían intentos de legalización y recursos judiciales que nunca llegaron a consolidar una solución definitiva.
Según Ciriaco, las viviendas de La Llana, urbanización a la que él pertenece, están en la mejor zona de Argoños, a 500 metros de la playa. “No es que sean caras, pero tampoco serán de las baratas. Son viviendas unifamiliares”, precisa. De ahí que uno de los problemas actuales sea saber dónde se ubicarán las nuevas viviendas y cuándo estarán disponibles.
El vicepresidente de A.M.A advierte de que Argoños es el segundo municipio más pequeño de Cantabria y que el 80 % del suelo está afectado por el PORN, lo que limita enormemente las posibilidades de construcción. “¿Cómo metemos ahí ahora no los 120, sino las 255 viviendas que se necesitarían? Pues no caben”, asegura. Una posible reubicación en otros municipios haría que muchos afectados optaran por la indemnización, lo que implicaría un coste “importantísimo” para el Gobierno.
La mayoría de Euskadi
Además, Ciriaco señala que la mayoría de los propietarios superan los 70 años y que el 97 % son de Euskadi. “Aquí la mayoría compramos en el 1997. Mi casa pasó a valer cero. Nuestro patrimonio desapareció”, denuncia.
Pese a todo, A.M.A valora haber conseguido que el Gobierno reconozca el derecho a una indemnización o vivienda de sustitución: “Esto lo hemos conseguido nosotros a base de pelear. No lo han dicho los jueces. Gracias a nuestra presión social, en estos 25 años no se hubiesen derribado las viviendas, porque si no, ya se hubieran tirado en 2007”.
