La entrevista realizada por Jon Gómez, en el Madrugador, al abogado Rubén Gutiérrez, representante legal de la enfermera juzgada por no vacunar a 400 niños en el ambulatorio de Kabieces, ha aclarado dudas clave del caso. El letrado ha puesto el foco directamente en la responsabilidad de Osakidetza : «El servicio vasco de salud tenía constancia desde 2021 del comportamiento irregular de la profesional, e incluso le abrió dos expedientes por no seguir los protocolos médicos, pero aun así le permitió seguir trabajando con menores».
Gutiérrez, socio del despacho Echevarría Abogados, ha querido dejar claro que su clienta «no es una antivacunas» y que, de hecho, ha sido diagnosticada con una enfermedad mental que le exime de responsabilidad penal.
“Maribel no es una delincuente. Es una persona enferma, no era consciente de que lo que hacía estaba mal. Se le ha aplicado el derecho penal eximente completo”, explicó el abogado, quien añadió que ya existe una sentencia firme que no será recurrida.
El letrado también rechaza el uso del término “antivacunas” para referirse a su defendida: “Han venido colectivos antivacunas a mostrarnos apoyo pensando que defendíamos su causa, pero no es así. Maribel no lo es, nunca lo ha sido”.
Osakidetza lo sabía
Uno de los aspectos más graves que reveló el abogado en la entrevista es que Osakidetza tenía constancia desde 2021 de que la enfermera presentaba conductas anómalas. «Sabían que no seguía los procedimientos, tenía formas de actuar raras, y aun así se le permitió continuar en su puesto con menores», denunció Gutiérrez.
El servicio vasco de salud le abrió dos expedientes disciplinarios, pero no la apartó de su cargo. “No se siguieron los protocolos. Es algo que debe preocupar más allá del caso individual”, advirtió el defensor.
En cuanto a los posibles daños derivados de la no administración de las vacunas, Gutiérrez señaló que no se ha acreditado que ningún menor haya sufrido consecuencias médicas. El único perjuicio comprobado ha sido económico: Osakidetza gastó 56.000 euros en vacunas que nunca se administraron. En el acuerdo judicial, se estableció que la enfermera abonará 20.000 euros como compensación.
El fallo incluye además la obligación de que Maribel reciba tratamiento psiquiátrico durante siete años y que no pueda volver a ejercer en el ámbito sanitario en ese periodo: “Los padres pueden estar tranquilos”, concluyó el abogado.
