prudencia a la hora de contratar un alquiler vacacional

 La mejora de los datos epidemiológicos, unida a la anunciada conclusión del estado de alarma y las propias manifestaciones de las autoridades autonómicas sobre una posible e inminente relajación de las restricciones, está llevando a muchos vascos a reservar alojamientos turísticos de todo tipo, no solo para las vacaciones estivales sino para fechas próximas en mayo y junio.

Ante ello, la Delegación de OCU en Bilbao insiste en la necesidad de ser precavidos en los contratos y reservas. Primero, porque aún no se conoce a ciencia cierta la evolución de la enfermedad y las eventuales limitaciones sobre la movilidad en un futuro próximo. Y segundo, porque desde el principio de la pandemia y hasta ahora la recuperación del dinero aportado como reserva se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchos consumidores; de hecho, apenas un 17% de las mediaciones iniciadas por OCU han tenido un resultado positivo.

En tal sentido, OCU aconseja priorizar los alquileres que admiten la opción de flexibilidad para cancelar o la de cancelación gratuita (hasta una semana antes de la entrada). Pero, además, recomienda conservar cualquier publicidad, información precontractual y contractual en la que se ponga de manifiesto el derecho del usuario a cancelar, que deberá reflejar las condiciones y términos bajo las que se podrá acceder a esa resolución sin costes, así como las garantías para poder recuperar el dinero y los canales y plazos para hacerlo. Esta documentación resultará esencial en el caso de que resulte necesario, como ya está pasando, recurrir a los tribunales de Justicia para obtener el reintegro de lo pagado.

Del mismo modo, OCU advierte que los seguros de cancelación ofrecen escasas garantías adicionales, ya que si la cancelación fuera por fuerza mayor el consumidor tendría reconocido el derecho a la devolución automática del importe, según el artículo 36 del Real Decreto 11/2020. Además, son contratos complejos donde no siempre están claros los términos bajo los que será posible la devolución del dinero o las exclusiones a tal derecho, lo que puede generar una confianza infundada e incluso un gasto adicional e inútil.