La Guardia Civil, en el marco de la operación “RibTool”, ha llevado a cabo una importante intervención contra el comercio ilegal de marfil de elefante. En total, se han incautado 54 piezas de marfil que se vendían de forma irregular a través de diferentes plataformas online.
Durante la operación, se ha investigado a una persona por presuntos delitos contra la flora y fauna y por una posible infracción a la Ley de Contrabando. La investigación comenzó cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectó cerca de 40 anuncios de venta de figuras de marfil en portales especializados.
El rastro condujo hasta un usuario residente en Bizkaia, vinculado a una empresa que ofrecía estas piezas sin contar con los certificados CITES válidos, exigidos por la normativa de la Unión Europea para la comercialización de productos elaborados con marfil.
Más de 120 objetos de marfil localizados
Tras el análisis de los técnicos de la Autoridad Administrativa CITES Nacional, se realizaron dos registros en sedes de la empresa investigada en Bizkaia. Allí se incautaron:
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54 piezas de marfil sin documentación.
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68 esculturas con incrustaciones de marfil anunciadas en el catálogo descargable del portal web.
Entre los objetos intervenidos destacan: Bastones con empuñaduras de marfil talladas en forma de águilas y galgos, esculturas de emperadores, geishas y figuras tradicionales japonesas como okimonos. Abanicos ornamentales, jarrones, cajas antiguas y colmillos de elefante, con y sin peana. Esculturas criselefantinas, cuadros con crucifijos, muebles antiguos (escritorios, vitrinas, biombos) y figuras de caballos y dragones.
El comercio de marfil, prohibido sin certificación
Es importante recordar que en el ámbito de la Unión Europea, el comercio de marfil de elefante, ya sea en bruto o elaborado, está prohibido de forma general. Su compra, venta o transporte con fines comerciales requiere de un certificado CITES UE.
Sin esta documentación, su comercialización constituye un delito contra las especies protegidas. Y si el valor total supera los 50.000 euros, podría suponer además una infracción penal por contrabando.
Esta actuación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA, en coordinación con expertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 6 de Bizkaia.
