Varios ganaderos de los Montes de Triano, encabezados por la familia Quintana, han denunciado públicamente en las Juntas Generales de Bizkaia lo que consideran una campaña de «acoso institucional» por parte del Ayuntamiento de Galdames y la Diputación Foral, que estaría dificultando el ejercicio de su actividad ganadera en zonas colindantes al municipio.
Durante su intervención en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, los ganaderos han expuesto una escalada de conflictos en torno al uso de terrenos de pasto históricos. Señalan como detonante la imposición de sanciones por permitir que su ganado, en pastoreo libre, cruce al término municipal de Galdames sin la «guía» administrativa correspondiente, un trámite que consideran innecesario en este contexto por la contigüidad geográfica.
«Nos han multado con 1.800 euros simplemente por hacer lo que llevamos décadas haciendo: dejar que el ganado aproveche los pastos naturales entre municipios limítrofes», lamentó José Antonio Quintana Linaza. Además, aseguró que la actitud de las instituciones ha pasado de las advertencias verbales a la amenaza de requisar animales.
El conflicto, según indican, se agrava con la negativa del Servicio de Ganadería de la Diputación a facilitar un semental de la raza pottoka a Asier Quintana, hijo del compareciente, lo que interpretan como una represalia encubierta. La familia insiste en que esta asistencia siempre se ha prestado a ganaderos de la zona sin condiciones discriminatorias.
Como solución, los afectados proponen formalizar convenios de pasto con los municipios limítrofes, como ya existen con localidades vecinas. Argumentan que la ordenanza de Galdames reconoce el derecho de pastoreo a ganaderos de zonas colindantes y critican la falta de coherencia institucional en su aplicación.
Menos terreno para el pastoreo
Otra de las preocupaciones expuestas es la progresiva reducción del terreno útil para pastoreo en el llamado Monte 193, donde se estarían promoviendo plantaciones forestales en detrimento de la actividad ganadera. Según los datos aportados, de las aproximadamente 1.000 hectáreas disponibles anteriormente, podrían quedar apenas unas 200 con acceso permitido al ganado. «Esto es un cierre encubierto del monte a la ganadería extensiva», denuncia Quintana.
