El pasado 8 de septiembre, más de 180 taxis autoconvocados partieron de Erandio rumbo a Bilbao en una protesta histórica contra las plataformas como UBER y Cabify, y también contra las instituciones que, según denuncian, son cómplices de su avance. Finalmente, unos 400 taxis recorrieron las calles de Bilbao, pasando por el Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento, en defensa del Servicio Público del Taxi.
Según UPTA, la movilización, fue todo un éxito de participación y de civismo, sin incidentes y con colaboración de la Policía Municipal de Bilbao. A pesar de no contar con el apoyo de la Ertzaintza, los taxistas de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia mostraron determinación y unidad, según el comunicado.
Ese mismo día, un recurso contencioso-administrativo fue presentado en los juzgados de Bilbao contra el cambio de ordenanza que impone el uso obligatorio de la APP “Taxi Bilbao”, que según denuncian favorece a las plataformas VTC y no al servicio público. El recurso, -señalan- ha sido financiado de forma íntegra por más de 200 taxistas de su propio bolsillo.
Críticas a Radio Taxi y a la Federación
Las críticas más duras van dirigidas a la Federación Vasca del Taxi (FTV) y a las principales emisoras como Radio Taxi Bilbao y TeleTaxi Bilbao, a quienes acusan de inmovilismo y de traicionar los intereses del sector al no apoyar la movilización.
Desde el colectivo celebran, sin embargo, que el Departamento de Transportes de la Diputación de Bizkaia se haya reunido con ellos y se comprometiera a facilitar protocolos de inspección a la Policía Municipal. También agradecen la atención del grupo municipal Elkarrekin Bilbao.
Continuarán en lucha
También hacen especial mención hacen a la solidaridad de muchos ciudadanos, incluidos trabajadores de las propias VTC, que reconocen los abusos laborales dentro del sector y han mostrado su apoyo a la causa del taxi.
El mensaje final es claro: la lucha continúa, y si las instituciones siguen sin actuar, se propone la creación de una Asamblea Popular en defensa del Taxi, abierta no solo a profesionales del sector, sino también a ciudadanía, sindicatos y trabajadores autónomos, con el objetivo de proteger los más de 2.100 empleos directos que están en juego.
