Sopela da un paso decisivo ante el creciente problema del acceso a la vivienda. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Alokabide, la sociedad pública del Gobierno Vasco encargada de gestionar programas de alquiler social. El objetivo es movilizar las viviendas vacías del municipio y ponerlas a disposición de familias y jóvenes que buscan una vivienda digna y asequible.
Zona tensionada
El acuerdo, rubricado a principios de octubre, se enmarca dentro de una estrategia local para fomentar el alquiler público y aliviar la presión del mercado inmobiliario. Según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, Sopela cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada. En los últimos meses se ha registrado un incremento de precios superior en tres puntos al IPC acumulado en los últimos cinco años.
En la actualidad, el 14% del parque de viviendas —unas 883— está vacío. El precio medio del alquiler alcanza los 852 euros mensuales, cifras que reflejan una situación crítica para muchos hogares.
Viviendas en alquiler seguro
El convenio permitirá coordinar los programas Bizigune y ASAP, que incentivan a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler seguro. Con ello se garantiza una renta estable y la gestión completa del contrato. El Ayuntamiento, por su parte, difundirá información sobre estos programas, facilitará trámites y lanzará cada año una campaña informativa para animar a los sopeloztarras a participar.
Además, el consistorio se compromete a impulsar medidas fiscales —como bonificaciones en el IBI o en las licencias de obras— para incentivar la rehabilitación y puesta en uso de viviendas deshabitadas.
Cientos de pisos cerrados
“Sopela sufre un grave problema de vivienda, y es necesaria una intervención pública decidida”, afirma Mikel Tapia, concejal de Urbanismo. “No podemos permitir que cientos de pisos permanezcan cerrados mientras tantas personas buscan un hogar”.
Con este convenio, Sopela busca transformar la preocupación por la vivienda en una política activa y comprometida. Y es que según el consistorio, el objetivo es equilibrar un mercado cada vez más inaccesible y de recuperar la función social de la vivienda: ser un derecho, no un privilegio.
