Bilbao pone en marcha una campaña para informar sobre la declaración de la ciudad como zona residencial tensionada. Con su entrada en vigor, el 31 de octubre, esta normativa permite tomar medidas para facilitar la contención de los precios de los alquileres en todos los distritos de la Villa.
Se trata de que la ciudadanía conozca cómo afectará la medida a personas inquilinas y propietarias, así como los beneficios que les reportará y los derechos a los que podrán acogerse. Para ello se lanzará una campaña que consistirá en la entrega domiciliaria de una edición especial de Infobilbao y la distribución de un folleto divulgativo en todos los centros municipales y de distrito. También se realizarán acciones de divulgación en redes sociales y en las webs del Ayuntamiento y de Viviendas Municipales. Además, las personas interesadas podrán contactar con la Oficina Municipal de Vivienda, o través de Bizilagun para resolver sus dudas o recabar información.
Una declaración «absolutamente necesaria»
La concejala del Área de Vivienda y presidenta de Viviendas Municipales de Bilbao, Yolanda Díez ha señalado que “la declaración de Bilbao como zona residencial tensionada es absolutamente necesaria para contribuir a resolver los problemas de acceso a la vivienda, aunque para ello hay que seguir trabajando en ampliar la oferta de viviendas sociales para el conjunto de la ciudadanía. Esta medida representa una herramienta muy importante para contener los precios de los alquileres de vivienda, y aunque no sea la solución definitiva es imprescindible para proteger el derecho subjetivo a la vivienda”.
Consecuencias para los contratos de alquiler
La declaración de Bilbao como zona residencial tensionada tendrá un conjunto de consecuencias a la hora de cumplimentar un contrato o renovar un acuerdo contractual de alquiler de vivienda.
En el caso de una persona que resida en régimen de alquiler o pretenda hacerlo, se beneficiará de un sistema que pondrá límites al precio del alquiler en cada zona. Se trata de un sistema de precios de referencia que, por ejemplo, limitará los precios de los contratos de grandes tenedores (con más de 10 viviendas en propiedad) o de las viviendas no alquiladas en los últimos cinco años.
En el caso de las viviendas ya alquiladas o que lo han estado en los últimos cinco años, con esta normativa, la nueva renta no podrá exceder el importe de la última, una vez aplicado el índice de actualización de rentas del alquiler (IRAV), que sustituye al IPC; y solo en el caso de que se realicen mejoras sustanciales se podrán justificar subidas del precio en un 10% como máximo.
Además, las personas arrendatarias tendrán derecho a solicitar prórrogas del contrato durante un máximo de 3 años consecutivos. Mientras que las personas propietarias podrán acogerse a beneficios fiscales en los casos en los que demuestren reducciones de los precios del alquiler.
