La familia del bombero José Miguel L.G., que dedicó más de 40 años de su vida a proteger a Bizkaia, llega este jueves al Juzgado de lo Social nº 10 de Bilbao con una petición clara: que se reconozca el daño causado por la exposición al amianto que terminó costándole la vida. Reclaman 174.203,64 euros por los perjuicios sufridos tras su fallecimiento por asbestosis pulmonar, una enfermedad que el INSS ya ha confirmado como profesional.
Intervenciones sin los equipos de protección adecuados
La historia de José Miguel refleja una realidad que durante décadas se silenció. Bomberos entrando a incendios “a pulmón”, sin mascarillas, sin equipos adecuados y con ropa que llegó a contener amianto. Viviendo intervenciones en fábricas, derrumbes, incendios urbanos y forestales donde las fibras tóxicas estaban presentes, mientras su protección era mínima o inexistente. Incluso la ropa contaminada terminaba en casa, lavada junto a la del resto de la familia.
Décadas de actuaciones en entornos con amianto
Los informes de OSALAN son contundentes: la exposición fue real, prolongada y evitable. Y no solo para él; otros compañeros también han comunicado sospechas de enfermedad profesional. Décadas de actuaciones en entornos cargados de sustancias cancerígenas sin medidas de seguridad acordes a la ley.
ASVIAMIE exige medidas
ASVIAMIE denuncia este “olvido histórico” hacia la salud de los bomberos y exige a las instituciones adoptar medidas estrictas frente al amianto y otros agentes peligrosos para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse. La asociación también anima a quienes trabajaron como bomberos a inscribirse en OSALAN como expuestos al amianto, para garantizar una vigilancia médica específica y proteger sus derechos.
