A partir de 2026, el Ayuntamiento de Sopela aplicará un recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos vacíos del municipio. Hasta ahora, este recargo se situaba en el 50%, el máximo permitido por la Diputación Foral de Bizkaia, pero el incremento del límite por parte de la Hacienda Foral ha permitido al Consistorio dar un paso más.
La medida fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal de octubre y se incorporará a las ordenanzas fiscales de 2026. El objetivo es claro: facilitar el acceso a la vivienda y movilizar el mercado del alquiler en un contexto de precios elevados y escasa oferta.
Incentivos fiscales
Además del aumento del recargo, el Ayuntamiento de Sopela ha acordado elevar del 50% al 99% la bonificación del IBI a los propietarios que cedan sus viviendas a programas públicos de alquiler impulsados por instituciones como Bizigune o ASAP, gestionados por Alokabide.
Estas políticas fiscales ya han sido adoptadas por otros municipios vizcaínos como Basauri, Sestao, Galdakao, Zaldibar, Elorrio o Lekeitio, con el objetivo común de activar la vivienda deshabitada y ampliar el parque de alquiler asequible.
Zona tensionada
Según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, correspondiente a abril de 2025, Sopela cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada, al haber registrado un incremento del precio de compraventa superior en más de tres puntos al IPC acumulado de los últimos cinco años.
Con este respaldo técnico, el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites ante el Gobierno Vasco y ha remitido la documentación necesaria: diagnóstico, memoria justificativa y plan de acción en materia de política de vivienda. De lograrse esta declaración, los precios de compraventa quedarían limitados y no podrían crecer por encima de un porcentaje determinado.
El diagnóstico municipal refleja un escenario preocupante. En Sopela existen 883 viviendas sin personas empadronadas, lo que supone el 14% del parque total, pero solo 11 se han incorporado a programas de alquiler público en 2025. El precio medio del alquiler alcanza los 852,2 euros mensuales y unas 880 viviendas se encuentran en régimen de arrendamiento.
El informe también subraya el impacto del problema de la vivienda en la población joven. Un 33,1% de las personas que abandonan el municipio tiene entre 20 y 34 años, principalmente por la dificultad de acceso a una vivienda. Solo el 25,5% de las personas de entre 18 y 34 años están emancipadas, por debajo de la media de Euskadi y de Bizkaia.
En este contexto, el alcalde en funciones, Unai del Burgo, ha defendido la necesidad de actuar con firmeza: “Ante la grave crisis de la vivienda en Sopela, esta corporación tiene la obligación de tomar decisiones contundentes, tanto movilizando vivienda vacía como apostando por nuevos desarrollos de vivienda pública que den respuesta al déficit existente”.
