Cantabria afronta una de las situaciones más tensas en materia de incendios forestales de los últimos años. El Gobierno autonómico ha activado la fase de preemergencia tras registrarse hasta 40 incendios simultáneos durante la madrugada. A primera hora de este miércoles, 36 continúan activos, dentro de un balance que deja 60 fuegos declarados en apenas 24 horas.
«Delincuentes de mechero»
El director general de Montes, Ángel Serdio, ha sido contundente al señalar que los llamados “delincuentes del mechero” habrían provocado la mayoría de los incendios. De confirmarse la intencionalidad, la dimensión del problema iría más allá de un episodio puntual para convertirse en una cuestión estructural.
Municipios como Arenas de Iguña, Vega de Pas, Selaya, Los Corrales de Buelna, Liérganes o Santa María de Cayón figuran entre los afectados. El humo se ha dejado notar incluso en el entorno de Santander, generando preocupación entre la población.
Un cóctel meteorológico que multiplica el riesgo
Las condiciones meteorológicas no ayudan. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que continúe el viento sur y temperaturas inusualmente altas para febrero, con registros que han alcanzado los 25 grados en Potes y superado los 20 en buena parte de la región. En este contexto, cualquier chispa puede convertirse en un frente activo en cuestión de minutos.
El operativo regional permanece desplegado al completo. Brigadistas, agentes forestales y equipos de emergencia trabajan sin descanso para contener las llamas y evitar daños personales, que por el momento no se han producido.
Más allá de la extinción: debate sobre prevención y justicia
Si se confirma que gran parte de los incendios han sido provocados, el debate se centra también en la respuesta judicial y en las medidas de prevención. El Código Penal contempla penas de prisión por incendio forestal, especialmente cuando existe riesgo para personas o graves daños ambientales. Sin embargo, en la práctica muchas condenas han quedado suspendidas al no existir antecedentes.
La situación reabre interrogantes sobre la vigilancia preventiva, la inversión en investigación y detección temprana, y la coordinación entre administraciones. Los incendios no solo arrasan masa forestal: suponen pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, impacto en el turismo rural y un golpe directo a la economía local.
