La empresa siderúrgica Sidenor ha emitido un comunicado para aclarar las informaciones publicadas en algunos medios sobre supuestas exportaciones vinculadas al sector de defensa, en especial en relación con Israel y la compañía IMI.
Según explica la compañía, el origen de la polémica está en la respuesta facilitada a una entidad financiera que solicitó información sobre clientes que operan en el ámbito de la defensa. Sidenor asegura que se limitó a proporcionar un listado de empresas —tanto españolas como internacionales— que encajan en ese perfil, indicando el tipo de producto que fabrican habitualmente.
La empresa subraya que esa información no implica que el acero suministrado por Sidenor estuviera destinado a la fabricación de material militar. Simplemente, añade, se trataba de identificar clientes cuya actividad principal está relacionada con ese sector, tal y como requería la entidad financiera.
Exportaciones y normativa de doble uso
En el comunicado, Sidenor recalca que sus operaciones no encajan en los supuestos que obligan a solicitar autorizaciones específicas según la normativa vigente. Por un lado, afirma que no se trata de aceros catalogados como material de doble uso en los reglamentos europeos aplicables. Por otro, sostiene que no ha realizado exportaciones de material destinado a uso militar a países sometidos a embargo en el momento de las operaciones.
En este contexto, la compañía recuerda que el embargo de armas del Gobierno de España a Israel no se aprobó hasta septiembre de 2025. Además, asegura que decidió suspender definitivamente sus ventas a Israel el 1 de julio de 2025, más de dos meses antes de que se hiciera oficial esa medida.
Contexto y debate público
La aclaración llega en un momento de especial sensibilidad social y política en torno a las exportaciones vinculadas al ámbito militar. En los últimos meses, distintas informaciones han puesto el foco en empresas industriales y en el control de materiales susceptibles de uso en defensa.
Con este comunicado, Sidenor busca despejar dudas sobre su actuación, insistiendo en que ha cumplido la normativa vigente y que la información difundida responde a una consulta financiera, no a un reconocimiento de ventas destinadas a armamento.
