El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) ha denunciado públicamente la situación “límite” que atraviesa la plantilla de la Ertzaintza por el impago sistemático de horas extraordinarias, los retrasos en el abono de juicios y gastos de desplazamiento y una gestión administrativa que califican de “absolutamente deficiente”.
Retrasos de hasta seis meses
Según el sindicato, la falta estructural de más de 1.000 efectivos —el 90 % en la escala de Protección Ciudadana— está siendo cubierta con llamamientos constantes en días libres. Los agentes, aseguran, acuden por responsabilidad y compromiso con la seguridad pública, pero se encuentran con retrasos en los pagos que en algunos casos superan los seis meses.
Desde SIPE advierten de que esta situación no solo afecta a la economía de las familias de los ertzainas, sino también a la conciliación y a la dignidad profesional del colectivo. Denuncian que muchos agentes deben adelantar de su propio bolsillo los gastos derivados de asistencias a juicios o desplazamientos oficiales y esperar meses para recuperarlos.
Ausencia de planificación y control
El sindicato señala directamente a la gestión de Recursos Humanos y habla de desorganización estructural en las oficinas administrativas de comisarías y unidades. Considera injustificable que se alegue falta de personal cuando, a su juicio, el problema real es la ausencia de planificación y control en la tramitación de pagos.
Ante el creciente malestar en la plantilla, SIPE exige el abono inmediato de todas las cantidades adeudadas, un plan urgente para reforzar y profesionalizar las áreas administrativas y la asunción de responsabilidades políticas. En concreto, reclama el cese del responsable de la gestión de personal en las unidades de la Ertzaintza, Aitor Azkuenaga, al que considera responsable directo de no garantizar el pago puntual por el trabajo realizado.
El sindicato concluye que la seguridad ciudadana en Euskadi no puede sostenerse sobre el sobreesfuerzo permanente de una plantilla infradotada ni sobre la incertidumbre económica de quienes garantizan el servicio público. A su juicio, el respeto institucional empieza por cumplir con las obligaciones salariales básicas y poner fin a lo que definen como un abuso administrativo encubierto.
