Los ganaderos y ganaderas que vendieron leche entre los años 2000 y 2013 tienen derecho a reclamar la diferencia entre lo que cobraron y lo que debían haber ingresado. Se debe al pacto ilícito alcanzado entre las industrias lácteas para mantener el precio de la leche anormalmente bajo durante ese periodo. Este derecho se ve reforzado tras la resolución dictada en septiembre de 2025 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que el plazo de prescripción no comenzará a contar hasta que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sea firme. Una decisión que abre la puerta a que aquellos productores que aún no habían iniciado reclamaciones puedan hacerlo ahora.
ENBA anima a reclamar las cantidades que les corresponden
Desde Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA) recuerdan que la responsabilidad es solidaria. Por ello los ganaderos pueden reclamar independientemente de a qué industria entregaron la leche. Ya ha quedado acreditado que los beneficios del pacto ilícito se extendieron al conjunto del sector. Las sentencias que se han emitido hasta el momento han confirmado el derecho a reclamar y a ser beneficiados por el daño sufrido. Desmontando los argumentos que venía defendiendo la industria láctea en relación con la prescripción.
En este momento, según ENBA, la única incógnita es el dinero que hay que indemnizar. Las sentencias valoran datos que oscilan entre el 2 y el 9,4%. Solo en los casos que está llevando Uniones Agrarias, superarían los 600 millones de euros en total. En cuanto a las cuantías, en el País Vasco calculan que la indemnización podría alcanzar los cinco céntimos por litro, con un impacto total estimado de 140 millones de euros. Ante este escenario, ENBA anima a los ganaderos y ganaderas afectados a dar el paso y reclamar las cantidades que les corresponden por las pérdidas sufridas durante más de una década.
