Antimilitaristas exigen que protejan a quienes huyen de la guerra

La Koordinadora Antimilitarista Kakitzat ha exigido hoy a los Gobiernos vasco y español y a las instituciones europeas que protejan y den asilo a las personas que desertan de la guerra en Ucrania y Rusia, y que huyen del reclutamiento obligatorio en estos países.

Activistas de este movimiento, que incluye a quienes fueron insumisos al servicio militar en la década de los 90, se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, en donde han entregado un manifiesto titulado ‘Por la insumisión a todos los ejércitos. Por la deserción ante todas las guerras’.

La movilización se produce ante el juicio por deserción previsto en Kiev para este miércoles 28 de septiembre contra el periodista, objetor de conciencia y portavoz del Movimiento Pacifista de Ucrania Ruslan Kotsaba, cuya organización forma parte de la Internacional de Resistentes contra la Guerra.

Ruslan Kotsaba tiene 49 años y se enfrenta a 15 de cárcel. Es un periodista ucraniano, pacifista y objetor de conciencia, acusado por Kiev de «alta traición» por algunas de sus declaraciones contra el reclutamiento militar en Ucrania.

Ante este caso y ante la situación del conflicto, Kakitzat ha reclamado a las instituciones que «respeten el derecho universal a la objeción de conciencia, aceptando las peticiones de asilo de aquellas personas que huyen del reclutamiento obligatorio o desertan de cualquier guerra».

Además, el colectivo antimilitarista exige la apertura de las fronteras para quienes «se oponen» a participar en estos conflictos, del mismo modo que demanda que cesen tanto la «invasión rusa» como el envío de armas a Ucrania por parte de la OTAN.

La declaración incluye asimismo la eliminación del gasto militar «en todas sus formas» en Europa, el fin de las subvenciones a la fabricación de armas, el «desmantelamiento de los paraísos fiscales donde las oligarquías europeas e industrias de armamento blanquean sus beneficios» y la exigencia a Ucrania y a Rusia de que dejen de perseguir a los desertores y que garanticen el «pleno derecho a la objeción de conciencia».

La asociación declara que la militarización de los conflictos acelera la crisis energética y medioambiental global y perjudica aún más a las economías más frágiles, conllevando mayores dificultades para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas a millones de personas y agravando las condiciones de vida de miles de familias vascas.