El Gobierno central ha aprobado el proyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, manteniendo el mismo salario. El texto, que ahora inicia su trámite parlamentario, da a todas las empresas hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva normativa, sea cual sea su convenio. Esta adaptación deberá negociarse con los representantes de los trabajadores, o, en su defecto, con una comisión negociadora creada para ello.
Oposición de Junts
Uno de los principales escollos que enfrenta la ley es la oposición de Junts, que ha anunciado una enmienda a la totalidad, dificultando su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno insiste en que es una medida clave que puede mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de más de 12 millones de personas asalariadas, incluyendo a quienes trabajan a tiempo parcial, en su mayoría mujeres. También incluye por primera vez a las empleadas del hogar, que deberán contar con un registro horario adaptado a sus condiciones.
Además de la reducción de jornada, el proyecto contempla un refuerzo del control horario, que deberá ser digital, accesible y en tiempo real para la Inspección de Trabajo. Se endurecen las sanciones, que podrán llegar hasta los 10.000 euros por trabajador en caso de incumplimiento. La ley también concreta el derecho a la desconexión digital, reconociéndolo como un derecho irrenunciable fuera del horario laboral.
