El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao ha dictado una sentencia favorable a los vigilantes de seguridad privada, reconociendo su derecho a que la empresa Prosegur les abone los gastos de obtención y renovación del carnet de conducir, siempre y cuando el vehículo sea herramienta de trabajo, la habilitación profesional (TIP) y el permiso de armas.
Satisfacción por la decisión judicial
Además de los costes, el fallo también establece que el tiempo empleado en estos trámites debe ser considerado como tiempo laboral, por lo que debe computarse como jornada ordinaria o, en su caso, abonarse como horas extras, según ha informado la Federación de CCOO del Hábitat de Euskadi.
Desde CCOO han indicado que han sido sus servicios jurídicos quienes han ganado este conflicto, y han anunciado su intención de extender esta medida a todas las empresas del sector de la seguridad privada, aunque de momento la sentencia puede ser recurrida por Prosegur ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El sindicato ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, ya que consideran «injusto» que los vigilantes de seguridad privada tengan que asumir unos gastos imprescindibles para el ejercicio de su trabajo, recordando que es obligación de las empresas hacerse cargo de dichos costes.
