La protesta volvió a llenar anoche las calles de Bilbao. Vecinos, familias y también trabajadores afectados marcharon juntos para exigir soluciones reales a la situación que rodea a Sader y Profersa, dos plantas químicas que continúan operando en pleno núcleo urbano pese a los dos accidentes industriales, las cinco movilizaciones previas y años de reclamaciones. La sensación compartida es la misma: siguen sin respuestas, sin protección y sin voluntad institucional de actuar.
Nuevas y polémicas autorizaciones
Durante la marcha, se recordó que, mientras la ciudadanía pedía ayuda, el Gobierno Vasco ha seguido concediendo nuevas autorizaciones a ambas plantas —del grupo Agaleus—. La más polémica, aprobada el 17 de marzo de 2025, permite ampliar hasta un 38 % la capacidad de tratamiento de residuos industriales, peligrosos o no. La autorización se firmó por la vía rápida como una “modificación no sustancial”, evitando exposición pública y garantizando que nadie pudiera alegar. Un movimiento que muchos consideran “a espaldas de la ciudadanía”.
118.000 toneladas de resíduos peligrosos al año
Los vecinos denuncian que cuando empezaron a exigir soluciones, las plantas ya manejaban 86.000 toneladas de residuos peligrosos al año. Con la nueva autorización, podrán superar las 118.000 toneladas, aumentando el riesgo y la preocupación en los barrios cercanos. Reclaman que todo esto se hace sin estudios de dispersión de contaminantes, sin informes del Departamento de Salud y sin una sola garantía de que estas instalaciones no afecten a la salud de la población.
Garantizar la seguridad de la ciudadanía
La marcha de anoche volvió a dejar clara la misma petición: que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento dejen de autorizar más ampliaciones, que garanticen la seguridad de la ciudadanía y que se busque un traslado urgente de estas actividades fuera de las zonas residenciales. Vecinos y trabajadores insisten en que continuarán movilizándose hasta que se actúe con transparencia y responsabilidad.
