La Guardia Civil ha liberado a un octogenario que estaba siendo explotado por un grupo criminal asentado en Bizkaia. La banda lo utilizaba tanto para ejercer la mendicidad como para cometer estafas online. Todo ello mediante anuncios falsos de venta y adopción de animales. En el marco de la operación “Magna-Vallis”, los agentes han detenido a 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— e investigan a otras tres.
Aislado de su familia
Según ha informado el instituto armado, la víctima había sido aislada de su entorno familiar y los responsables le habían abierto numerosas cuentas bancarias a su nombre. Posteriormente eran utilizadas para recibir el dinero de las estafas. Tres de los detenidos, pertenecientes a un mismo clan familiar, controlaban directamente al anciano.
121 víctimas de estafa
La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa por compra-venta de animales y diez casos de usurpación de identidad. Las estafas se habían llevado a cabo por más de 30 provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Tenerife, Gipuzkoa, Burgos o A Coruña.
El caso se inició tras una denuncia presentada en febrero del pasado año por una persona que había pagado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro, que nunca llegó a recibir.
Modus operandi
Para dificultar el rastreo del dinero, la organización empleaba documentación falsa o de terceros, múltiples líneas telefónicas y el método conocido como “smurfing”. Este métoco consiste en fraccionar los pagos en pequeñas cantidades para blanquear capitales. En total, se han detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas, que ya han sido bloqueadas judicialmente.
Prestaciones sociales percibidas de forma fraudulenta
El importe defraudado supera los 36.000 euros. Sin embargo la Guardia Civil ha constatado que parte del dinero, junto a prestaciones sociales percibidas de forma presuntamente indebida fue destinado a inversiones en criptomonedas. El valor de éstas alcanzaría los 55.000 euros. Las ayudas sociales cobradas irregularmente podrían superar los 560.000 euros.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos.
