La asociación vecinal ARPA de Artatza ha respondido a las declaraciones realizadas por la Diputación Foral de Bizkaia el pasado 22 de enero sobre el proyecto del subfluvial entre Leioa y Sestao, dejando claro que su oposición se basa en argumentos técnicos, ambientales y sanitarios, y no en una postura ideológica.
Desde la asociación valoran que la Diputación hable de “respeto absoluto” hacia la oposición vecinal y el recurso judicial anunciado, pero advierten de que ese respeto “debe traducirse en hechos y no solo en palabras”. En este sentido, consideran que defender el proyecto sin atender a las alegaciones presentadas por la ciudadanía no puede entenderse como un ejercicio real de respeto democrático.
Impactos permanentes en Artatza y Ballonti
ARPA subraya que el subfluvial no puede calificarse como una obra molesta solo de forma temporal. Según explican, el proyecto concentrará durante décadas emisiones contaminantes en las bocas de Artatza y Ballonti, con una afección directa sobre la salud de las personas que viven, trabajan o estudian en estos entornos.
Además, cuestionan que pueda presentarse como una infraestructura beneficiosa para el conjunto de la sociedad cuando, a su juicio, los beneficios no están demostrados y los impactos sí lo están. Recuerdan que el proyecto fue diseñado sin tener en cuenta la nueva normativa europea de calidad del aire aprobada en 2024, y que la propia documentación técnica reconoce emisiones que dificultarían el cumplimiento de esos límites en el futuro.
Un modelo de movilidad “obsoleto”
La asociación vecinal considera que el subfluvial responde a un modelo de movilidad centrado en el coche privado, alejado de los objetivos actuales de salud pública, mejora de la calidad del aire y lucha contra el cambio climático. A su entender, este tipo de infraestructuras no reduce el tráfico, sino que incentiva más desplazamientos en vehículo privado.
Todo ello, añaden, con un coste económico superior a 500 millones de euros, que compromete recursos públicos que podrían destinarse a alternativas de movilidad más sostenibles y socialmente justas.
Defensa del derecho a la salud
ARPA insiste en que su oposición no es caprichosa, sino que se apoya en datos, en la normativa vigente y en la defensa del derecho a la salud y a un entorno urbano digno. Recurrir a los tribunales, señalan, es una herramienta legítima ante un proyecto que consideran injusto, desproporcionado y perjudicial para sus barrios.
