Bizkaia da un paso más hacia la implantación de una tasa turística que podría alcanzar hasta los 5 euros por noche. La Diputación Foral ha presentado ya en las Juntas Generales el proyecto de Norma Foral que regulará este impuesto, con previsión de que entre en vigor el 1 de enero de 2027.
La medida afectará a quienes se alojen en hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings o agroturismos del territorio, así como a pasajeros de cruceros durante sus escalas en puertos vizcaínos. El impuesto se aplicará por día o fracción, con un máximo de cinco jornadas gravadas por estancia.
Cuánto se pagará y a quién afecta
El proyecto establece un sistema de tarifas que oscila entre los 0,75 euros y los 5 euros por persona y noche, en función del tipo de alojamiento. Además, los municipios con mayor capacidad turística podrán aplicar recargos de hasta un 50%, mientras que los más pequeños tendrán la opción de bonificar el impuesto incluso al 100%.
En caso de que los ayuntamientos no regulen sus propias tasas a tiempo, se aplicarán automáticamente los importes máximos previstos en la norma.
También se contemplan exenciones importantes, como en estancias vinculadas a programas sociales, personas con discapacidad igual o superior al 65%, situaciones de dependencia o motivos de salud.
El objetivo: financiar servicios y frenar el impacto del turismo
Desde la Diputación defienden que esta tasa permitirá compensar el impacto del turismo en servicios públicos como la limpieza, el transporte o las infraestructuras, además de contribuir a mitigar efectos sociales y medioambientales derivados del aumento de visitantes.
El modelo sigue la línea de otras regiones europeas y busca que el turismo tenga un retorno directo en los municipios que lo acogen.
Debate político abierto en Bizkaia
El inicio de la tramitación ha dejado posiciones muy diferentes entre los grupos junteros. Mientras algunas formaciones valoran positivamente el impuesto como herramienta de equilibrio y sostenibilidad, otras lo consideran excesivo y critican su carácter obligatorio para los ayuntamientos.
También hay diferencias sobre aspectos como la progresividad de las tarifas, el impacto en sectores como los cruceros o la necesidad de concretar mejor el destino de la recaudación.
El texto inicia ahora su recorrido parlamentario con el plazo de alegaciones ciudadanas ya abierto. Si se cumplen los plazos previstos, el proyecto podría aprobarse definitivamente en junio y entrar en vigor en 2027.
