UGT Zerbitzu Publikoak ha promovido una sentencia pionera en Euskadi y también a nivel estatal, con la que se obliga a Lanbide a indemnizar con cerca de 85.000 euros -más intereses procesales- a dos trabajadoras del servicio público de empleo que permanecieron durante años en situación de fraude de contratación temporal hasta su estabilización en una OPE del 2022.
Dicha sentencia se apoya en la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se basa en dos pilares clave: sancionar la conversión de contratos temporales en la figura de «indefinido no fijo» y establecer que, aunque un trabajador obtenga la fijeza, no exime a la Administración de sancionar el abuso previo y reparar los daños morales y materiales de años de precariedad.
UGT amenaza con una «ofensiva legal mayor»
Desde los Servicios Jurídicos del sindicato, en el que estaban afiliadas las dos trabajadoras indemnizadas, advierten que estas dos demandas ganadas «son el inicio de una ofensiva legal mayor». Y es que UGT gestiona un conjunto de 40 demandas adicionales de trabajadores de Lanbide que están en situaciones idénticas y se espera un fallo en el mismo sentido en los próximos meses.
UGT Zerbitzu Publikoak afirma que esta sentencia «abre una vía de esperanza» para cientos de afiliadas que cuentan con sentencias favorables de reconocimiento de fijeza.
