Tres madres con hijos o hijas con alguna discapacidad han comparecido este martes en el marco de la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia para solicitar medidas estructurales que permitan garantizar la continuidad del deporte adaptado más allá de la etapa escolar.
Una iniciativa con la que buscan la revisión profunda de la gestión de los fondos públicos y buscar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Ainhoa Urones Pérez, portavoz de la iniciativa, ha denunciado que existe un «vacío legal» que deja sin opciones deportivas a las personas con discapacidad cuando alcanzan los 21 años y finalizan su etapa en el deporte escolar.
Según ha expuesto, los polideportivos municipales suelen denegar el acceso a cursillos básicos, alegando falta de medios, derivando a las familias hacia entidades privadas con un elevado sobrecoste económico que no todas las familias pueden asumir.
Denuncian el deterioro y los recursos retirados de la Federación de Deporte Adaptado
Durante la sesión, se ha puesto de manifiesto el deterioro de los servicios tras la retirada de recursos a la Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia.
Las madres han criticado que las partidas presupuestarias se están concentrando en una entidad privada que, a su juicio, no satisface las necesidades de inclusión real ni de equidad para este colectivo.
Como prueba de la falta de infraestructuras locales, se ha destacado que numerosos deportistas de Bizkaia deben desplazarse a comunidades limítrofes como Cantabria o La Rioja para practicar disciplinas como el remo adaptado, el surf o deportes de invierno, ante la imposibilidad de hacerlo en su propio territorio.
Esta situación contrasta con el hecho de que Bizkaia será la Región Europea del Deporte en 2026. La demanda institucional no reclama nuevos derechos, sino el cumplimiento de la legislación vigente para asegurar que el deporte sirva como herramienta de socialización y autonomía personal.
