La Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de 12 años de prisión para cada una de las siete exmonjas del monasterio de Belorado que serán juzgadas por presuntos delitos de coacciones, trato denigrante, abandono y omisión del deber de socorro hacia cinco religiosas de edad avanzada. La causa también incluye acusaciones por administración desleal y apropiación indebida.
Las exclarisas, que protagonizaron el cisma con la Iglesia católica en 2024, han respondido mediante un comunicado en el que se declaran «plenamente inocentes». Aseguran que afrontan el procedimiento con la confianza de que «la verdad pueda quedar plenamente acreditada». Sostienen, además, que están siendo víctimas de una persecución por haber desafiado a la autoridad eclesiástica.
Las religiosas afirman que viven esta situación con «enorme tristeza» y consideran que existe un intento de destruir su comunidad y su proyecto de vida. Pese a ello, aseguran que seguirán defendiendo su libertad de conciencia y su vocación.
Las acusaciones de la jueza
El auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao recoge que las cinco religiosas mayores, de entre 87 y 101 años, no participaron en la decisión de abandonar la Iglesia católica debido a su estado de salud y deterioro cognitivo.
La resolución judicial también señala que dos antiguas integrantes de la comunidad abandonaron el monasterio tras sufrir presuntas humillaciones, castigos y amenazas por parte de las investigadas.
La investigación sostiene que las religiosas mayores permanecieron bajo el control de las acusadas incluso después de su traslado al monasterio de Orduña, donde la Guardia Civil tuvo que intervenir para ejecutar la orden judicial que permitía su salida y evaluación médica.
Los informes forenses describen un supuesto estado de abandono. Entre otras circunstancias, reflejan deficiencias de higiene, falta de atención sanitaria y condiciones inadecuadas en varias estancias del monasterio. Una de las religiosas, trasladada al Hospital de Basurto tras la intervención judicial, falleció semanas después de recibir el alta hospitalaria.
La jueza considera que existió un incumplimiento del deber de cuidado hacia personas especialmente vulnerables y sostiene que las investigadas ejercían un control sobre ellas aprovechando su deterioro físico y cognitivo.
Investigación por la gestión del patrimonio
La causa también investiga la gestión del patrimonio de las religiosas mayores. Según el auto, tras el bloqueo de las cuentas del monasterio después del cisma, varias de las investigadas habrían abierto cuentas bancarias compartidas con las monjas de mayor edad para recuperar sus pensiones y realizar transferencias de dinero.
La magistrada apunta que estas actuaciones podrían responder tanto al interés por evitar el desalojo del monasterio de Orduña como a las dificultades económicas que atravesaba la comunidad tras su ruptura con la Iglesia. Mientras continúa el procedimiento judicial, las siete exmonjas mantienen que no cometieron ningún delito y confían en que el juicio acredite su versión de los hechos.
