La Ertzaintza ha desmantelado una presunta trama de falsedad documental que ocultaba la verdadera titularidad de vehículos utilizados para cometer delitos contra el patrimonio en Euskadi. La investigación ha llevado a imputar a tres hombres y una mujer, que habrían creado un sistema para dar apariencia de legalidad a coches y furgonetas empleados en robos.
La investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando agentes localizaron en Bizkaia una furgoneta denunciada por apropiación indebida en Madrid. En su interior encontraron maquinaria robada valorada en 15.600 euros y un justificante provisional de transferencia del vehículo a nombre de un tercero.
Un testaferro sin carné de conducir
Las pesquisas revelaron que el supuesto nuevo titular del vehículo no tenía ninguna relación con la operación y que la documentación utilizada carecía de validez legal. A partir de ese hallazgo, la Ertzaintza revisó expedientes de transferencia de vehículos desde principios de 2025 y descubrió un entramado organizado.
Según la investigación, la red registraba los vehículos a nombre de un «hombre de paja», un varón sin permiso de conducir que cobraba cantidades de dinero, como pagos de 100 euros, por prestar su identidad. Además, una gestoría se encargaba de elaborar y tramitar la documentación necesaria para dar apariencia de legalidad a las transferencias.
Los investigadores detectaron ocho vehículos con justificantes provisionales que nunca llegaron a formalizarse ante la Dirección General de Tráfico y otros once con transferencias registradas.
Relacionados con al menos 30 robos
La Ertzaintza vincula estos vehículos con un grupo organizado asentado en la margen izquierda, especializado en robos, principalmente en empresas. La investigación relaciona los coches con al menos 30 denuncias ya esclarecidas, en las que se sustrajeron materiales industriales, chatarra y materias primas por un valor aproximado de 165.000 euros.
Como resultado de la operación, la Policía vasca investiga a tres hombres de 40, 46 y 60 años y a una mujer de 47 años por presuntos delitos de falsedad documental en documento oficial y mercantil. Dos de ellos ejercían como gestores administrativos y, según la Ertzaintza, desempeñaban un papel clave en el funcionamiento del entramado. La investigación continúa abierta.
