Desmantelada una red criminal especializada en estafas a empresas que operaba desde Bilbao y Castro Urdiales

Utilizaba sociedades instrumentales y cuentas de terceros para dificultar el rastreo del dinero
Detención en Bilbao de una de las personas investigadas en la Operación Amaranaun. / Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en una red dedicada a la comisión de estafas online y el blanqueo de los beneficios obtenidos ilícitamente que operaba desde Bilbao y Castro Urdiales.

A los detenidos, cuatro varones y una mujer de entre 40 y 68 años de nacionalidades española, rumana y argentina, se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una estructura organizada y jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas. Mientras unos se encargaban de captar a las víctimas mediante engaños relacionados con operaciones comerciales, otros gestionaban la recepción, distribución y ocultación de los fondos obtenidos fraudulentamente.

Para dificultar la acción policial, este entramado criminal creaba sociedades mercantiles instrumentales y utilizaba cuentas bancarias a nombre de terceros, conocidos en el argot policial como “mulas”. A través de estas cuentas canalizaban y fraccionaban los fondos con el objetivo de impedir su trazabilidad. Asimismo, empleaban documentación falsa y suplantaban la identidad de personas y empresas para generar confianza entre las víctimas.

La denuncia partió de una empresa riojana que resultó estafada

La investigación, llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo @, se inició tras la denuncia presentada por una empresa riojana que alertó de haber sido víctima de una estafa a través de Internet. La mercantil recibió una oferta comercial, supuestamente emitida por una operadora intermediaria en la venta de hidrocarburos, con la que llegó a formalizar un acuerdo para la adquisición de combustible por un importe de 65.431,96 euros, tras varios intercambios de correos electrónicos y una conversación telefónica.

Una vez realizada la transferencia bancaria, la empresa solicitó los códigos necesarios para retirar el combustible sin obtener respuesta. Al contactar directamente con la compañía, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación comercial ni eran titulares de la cuenta bancaria facilitada, quedando así evidenciado el engaño.


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