El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha mostrado su apoyo al ertzaina señalado públicamente en Basauri mediante una pintada con su nombre y una acusación que el sindicato considera de «extrema gravedad». La organización reclama al Departamento de Seguridad que adopte medidas y defienda el principio de autoridad.
SiPE sostiene que las condenas y las muestras de solidaridad no son suficientes si no van acompañadas de actuaciones concretas. El sindicato afirma estar «cansado de comunicados de condena, de declaraciones de solidaridad y de fotografías institucionales» y reclama que los responsables de proteger a los agentes actúen antes de que se repitan situaciones similares.
El sindicato reclama medidas concretas
En un comunicado, SiPE acusa al Departamento de Seguridad de limitarse a reaccionar una vez que se producen los hechos. A su juicio, lo ocurrido en Basauri es consecuencia de una «pérdida sistemática del principio de autoridad» que, según denuncia, afecta a la Ertzaintza.
El sindicato pide una defensa clara del principio de autoridad y reclama al Gobierno Vasco que respalde públicamente a los agentes que representan a las instituciones y trabajan para garantizar la seguridad ciudadana.
«Necesitamos que el Gobierno deje de limitarse a condenar los hechos cuando ya se han producido y defienda públicamente y con hechos a quienes todos los días representan la autoridad del Estado y garantizan la seguridad de los ciudadanos», ha señalado SiPE.
Protección para los agentes señalados
La organización considera que no basta con «aprobar declaraciones institucionales, hacer discursos, mostrar preocupación y después seguir exactamente igual». En este sentido, advierte de que, cuando «el principio de autoridad se erosiona y las instituciones no responden con contundencia», puede generarse un contexto que desemboque en situaciones como la ocurrida en Basauri.
Entre sus demandas, SiPE reclama protección efectiva para los agentes señalados, amenazados o acosados, así como asistencia jurídica y acompañamiento inmediato para el profesional afectado y su entorno.
También pide investigar y perseguir a quienes amenacen o señalen a agentes, adoptar medidas para reforzar el principio de autoridad y mantener un respaldo público, firme y continuado del Gobierno Vasco.
