El abogado Santiago González fue detenido el pasado martes en Bilbao por la Policía Nacional, acusado de presunta pertenencia a organización criminal, promoción de la inmigración irregular y falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad el miércoles, aunque el procedimiento contra él continúa abierto.
Este jueves, 20 de noviembre, varios colectivos antirracistas han comparecido junto al abogado y su defensor para denunciar la detención, que relacionan con su trabajo de asesoramiento a personas migrantes. También han señalado las posibles consecuencias del procedimiento para la labor de acompañamiento jurídico que realizan profesionales y organizaciones sociales.
En la investigación, los agentes registraron su domicilio y sus despachos de Portugalete y Eibar. Según ha explicado González, durante los registros también se accedió a su ordenador, donde los investigadores pudieron consultar documentación y expedientes de las personas a las que representa.
Vulneración del secreto profesional
El abogado considera que estas actuaciones afectan a su intimidad y, sobre todo, a la de sus clientes, además de comprometer el secreto profesional. Su defensor, Iker Etxeberria, ha cuestionado la investigación y ha afirmado que se trata de un «montaje jurídico-policial» contra un abogado por su trabajo con personas migrantes.
González es directo: «Acuso y denuncio a la Policía Nacional y al grupo de investigación de Málaga por vulnerar el derecho a la defensa y a la intimidad de mis clientes. También a la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga por no haber actuado para evitar esa vulneración durante los registros».
Aunque González quedó en libertad el miércoles tras pasar a disposición judicial, la investigación continúa abierta.
Denuncias al gobierno central
Además de criticar la actuación policial, los colectivos criticaron las políticas migratorias del Gobierno español y de la Unión Europea, a las que atribuyen parte de las dificultades que afrontan las personas migrantes. También expresaron su preocupación por lo que consideran una criminalización de las iniciativas de apoyo y solidaridad.