Desarticulado un grupo criminal que vació la cuenta de pensionistas

Escrito por el 26 febrero, 2020

Agentes de la División de Investigación Criminal han desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar personas de edad avanzada por el método del vishing.
El operativo que se ha desarrollado en varias fases ha permitido detener al principal líder de la organización, un hombre de 24 años y de nacionalidad española, y citó como investigados otros miembros del grupo criminal.
La modalidad de estafa es conocida como vishing, proveniente de la combinación de las voces inglesas voice y phising, donde los investigados por los hechos utilizan la línea telefónica convencional y la ingeniería social para provocar el engaño a las víctimas, y en este caso concreto obtener información bancaria, tanto de sus tarjetas de crédito como de su banca digital.
La investigación se inició en noviembre de 2018 cuando los Mossos detectaron un aumento considerable de denuncias por estafas bancarias siguiendo un patrón muy similar.
La mayoría de las víctimas, de todo el Estado español, eran personas edad de avanzada, casi todos ellos pensionistas sin ningún otro tipo de ingreso, a los que los estafadores habían vaciado su cuenta y los habían dejado en una situación de extrema vulnerabilidad económica.
Según informa la policía catalana, el timo se iniciaba con una llamada telefónica de un miembro del grupo al domicilio de la víctima en la que se identificaba como miembro de una entidad bancaria, de una gestora de medios de pago u otra entidad análoga, y manifestaba a la víctima que habían detectado una compra por internet de un importe elevado mediante su tarjeta bancaria.
La víctima, una persona de edad avanzada que no había hecho esta compra, rápidamente se veía angustiada en encontrarse con una operación bancaria que no había realizado y de la que tampoco domina su funcionamiento. Ese era el momento en el que se iniciaba una conversación amable y tranquilizadora para ganarse la confianza la víctima, finalmente le proponía una solución: para anular la compra le solicita la numeración entera de su tarjeta bancaria y el código de verificación de la tarjeta (CVV o CVC).
Con estos datos el estafador, mientras continúa hablando por teléfono con la víctima, comenzaba a realizar compras en línea reales. Para poder formalizar las compras solicitaba a la víctima los códigos de confirmación de compra en línea que iba recibiendo vía SMS y le hacía creer que eran códigos que se generaban en el proceso de anulación de la operación falsa.
De este modo realizaban compras de artículos con una salida rápida y relativamente fácil en el mercado ilícito como dispositivos de telefonía, electrónica e informática de alta gama. Lo hacían en comercios que ofrecen la entrega de la compra el mismo día en uno de sus establecimientos o en una dirección concreta.
En otras ocasiones los estafadores, con el mismo pretexto de anular esta presunta compra fraudulenta, conseguían la contraseña de la banca digital de las víctimas con la que realizaban transferencias a cuentas corrientes de otros miembros del grupo criminal. Repetían esta operación hasta dejar sin saldo la cuenta corriente de los estafados.
Posteriormente extraían del dinero en efectivo lo más rápido posible, por si las víctimas daban cuenta de que habían sufrido una estafa y anulaban la libreta o tarjeta bancaria.
Los investigadores comprobaron que el grupo tenía establecida una estructura jerarquizada y las tareas de cada uno de sus miembros muy definidas. Así cada uno de los miembros tenía una tarea asignada: selección de las víctimas, realización de llamadas telefónicas, materialización de las operaciones de compra por Internet, recogida de las mercancías adquiridas y la reventa de los artículos conseguidos.
Los policías comprobaron que siguiendo este patrón operativo el grupo cometió más de 100 estafas en toda España con las que habrían conseguido más de 500.000 euros. Así, se determinó que operaban desde Cataluña, y comprobaron que algunos de los integrantes del grupo habían trabajado tiempo atrás como comerciales a domicilio de empresas de servicios o suministros, un hecho que les hubiera servido para conseguir datos personales de las víctimas de manera fraudulenta. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.


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