Scientia School ha iniciado un recurso administrativo para reclamar al Gobierno Vasco en torno a 17 millones de euros por daños y perjuicios ocasionados en los colegios El Karmelo (Donostia-San Sebastián) y San Pedro (Bilbao). La organización asegura en un comunicado que, tras más de un año de intentos de acuerdo institucional, no ha recibido respuesta válida y se ha visto obligada a dar el paso hacia la vía judicial.
Inversión para evitar el cierre
En el caso de El Karmelo, Scientia recuerda que adquirió el centro en 2019, cuando se encontraba en situación de quiebra. Afirma que su intervención evitó el cierre inmediato y que en cinco años invirtió más de 2,5 millones de euros en infraestructuras y en su modelo pedagógico. En enero de 2024, el propio Departamento de Educación propuso el cierre ordenado del colegio y lanzó una oferta vinculante de compra por 17,6 millones, aceptada por Scientia y ratificada en mayo de ese año. Sin embargo, la operación nunca se formalizó porque, según la propia Administración, ni siquiera se tramitó el expediente patrimonial exigido por ley. La entidad denuncia que este incumplimiento le obligó a vender el inmueble de forma precipitada y por debajo de su valor real.
Sin resolución oficial
Respecto al colegio San Pedro, Scientia acusa al Gobierno Vasco de retirar de facto el concierto educativo vigente hasta 2028 sin resolución oficial. Sostiene que la Administración contactó directamente con las familias y provocó en apenas tres días más de 195 bajas, lo que dejó al centro con un único alumno en enero de 2025. Además, Educación interrumpió los pagos del concierto desde marzo de 2024, generando una deuda superior a 800.000 euros.
La organización considera que estas actuaciones irregulares y contrarias a derecho han causado un daño grave no solo a la propia entidad, sino también a su personal, a los proveedores y a la comunidad educativa. Con esta reclamación, Scientia pide una indemnización que cubra las inversiones realizadas, los costes estructurales, las nóminas pendientes, el lucro cesante por la imposibilidad de desarrollar el proyecto educativo y los perjuicios reputacionales sufridos.
