El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido actuar ante las quejas vecinales por problemas de convivencia en el barrio de Urban, vinculados a algunas viviendas públicas de reciente adjudicación. La alcaldesa, Amaia del Campo, ha trasladado la situación tanto a Alokabide como al consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Denis Itxaso, reclamando una intervención clara si se confirman comportamientos incívicos.
Más vigilancia y coordinación policial
Como primera respuesta, el Consistorio ha pedido a la Policía Municipal que refuerce la vigilancia en la zona y que trabaje de forma coordinada con la Ertzaintza. El objetivo es prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad en el entorno mientras se analizan los hechos denunciados por los vecinos. La alcaldesa ha sido contundente al recordar que acceder a una vivienda pública implica cumplir unas normas básicas de convivencia. “Quien no respete esas normas deberá asumir las consecuencias”, ha advertido, subrayando que no se permitirán actitudes que generen inseguridad o deterioren la vida en el barrio.
Actuar con todas las herramientas legales
El Ayuntamiento ha solicitado que, en caso de acreditarse incumplimientos graves, se apliquen todas las medidas previstas en la normativa vigente. Del Campo insiste en que la vivienda pública debe ser una herramienta de cohesión social, no un foco de conflicto.
Apoyo a los vecinos y defensa del modelo
Desde el Consistorio también se ha querido lanzar un mensaje de respaldo a los vecinos de Urban, reconociendo su malestar. Al mismo tiempo, se ha defendido que la mayoría de las personas que acceden a vivienda pública conviven con normalidad y respeto, y que no se puede permitir que casos aislados empañen un modelo clave para facilitar el acceso a la vivienda.
