La evaluación del estado de conservación del lobo ibérico vuelve a encender la polémica en España. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al informe sexenal de la especie en las que denuncia una posible “manipulación política” de los datos por parte de varias comunidades autónomas.
Según la organización, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León habrían incluido en sus aportaciones al informe deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas con el objetivo de construir un escenario más favorable que permita mantener o facilitar políticas de control letal del lobo.
Críticas a la calidad de los datos y a su uso político
Ecologistas en Acción sostiene que parte de la información remitida presenta incoherencias, errores y falta de rigor científico. Hasta el punto de que no cumpliría los estándares necesarios para ser validada a nivel europeo. También denuncian que se estarían ignorando factores clave como la mortalidad por caza ilegal, el furtivismo, los incendios forestales o la fragmentación del hábitat.
La organización añade además que no se estarían reflejando correctamente las extracciones de lobos autorizadas en los últimos años. Ello supondría, a su juicio, una omisión relevante en la evaluación real del estado de la especie.
Advertencia sobre la presión política y el modelo de gestión
Desde el colectivo ecologista se alerta de una creciente presión política para rebajar la protección del lobo, especialmente tras los cambios legales que han afectado a su estatus de protección en distintas zonas del país. También recuerdan que algunas decisiones ya han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional.
En su argumentación, Ecologistas en Acción insiste en que el estado del lobo en España sigue siendo desfavorable, con desapariciones locales, escasa recolonización de territorios y problemas de conectividad genética.
Reclamo de rigor científico en la decisión final
La organización reclama que el informe sexenal mantenga la consideración de “estado de conservación desfavorable” y que cualquier decisión sobre la especie se base exclusivamente en criterios científicos, alejados de intereses políticos o económicos. También subrayan la importancia de aplicar el principio de precaución en la gestión de grandes carnívoros.
La polémica vuelve así a situar al lobo ibérico en el centro del debate entre conservación, gestión rural y decisiones políticas en distintas comunidades autónomas.
