Las familias del colegio público CEIP Larrañazubi han dado un paso más en su batalla para evitar el cierre del centro. La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para solicitar la paralización cautelar del proceso mientras se analiza si la actuación del Departamento de Educación se ajusta a la legalidad.
La AFA asegura que durante meses ha solicitado información sobre los motivos, informes técnicos y criterios que justifican la desaparición del colegio sin obtener respuestas satisfactorias. Por ello, considera que la decisión se ha tomado sin la transparencia ni las garantías necesarias para las familias y el alumnado.
Según sostienen, lo que inicialmente se presentó como una fusión con el colegio San Ignacio ha terminado convirtiéndose en un cierre definitivo de Larrañazubi y en la redistribución de sus estudiantes a otros centros.
Preocupación por el alumnado más vulnerable
Uno de los principales motivos de inquietud es la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales. Las familias temen que el traslado pueda afectar a la estabilidad, los apoyos específicos y los vínculos de confianza que estos menores han construido durante años en Larrañazubi.
Además, cuestionan que exista un proyecto educativo suficientemente definido para garantizar que la atención especializada continúe en las mismas condiciones en el centro de destino.
Defensa de la enseñanza pública en castellano
La asociación también denuncia la reducción progresiva de la oferta pública del modelo A, con enseñanza en castellano. Considera que la desaparición de plazas públicas para niños de dos años en este modelo limita la capacidad de elección de las familias y reduce las opciones educativas disponibles.
Las familias defienden que la planificación educativa debe respetar la diversidad lingüística y garantizar la posibilidad de escolarizar a los hijos en cualquiera de los modelos oficiales.
El caso llegará también a Europa
La AFA ha anunciado que, junto a la asociación Escuela de Todos, llevará el caso ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar las posibles vulneraciones de derechos que, a su juicio, se están produciendo tanto por el cierre del centro como por la reducción de la oferta pública en castellano.
Dispuestos a llegar hasta el final
Las familias aseguran que seguirán utilizando todas las vías legales, institucionales y sociales a su alcance para defender la continuidad de Larrañazubi. Reclaman más información, participación real en el proceso y garantías educativas antes de adoptar una decisión que consideran trascendental para el futuro de cientos de alumnos.
