El Gobierno Vasco ha iniciado la tramitación de la reforma de Etxebide, el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, con el objetivo de adaptar el sistema de adjudicación a la realidad actual del mercado de la vivienda.
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto este jueves el trámite de consulta pública previa del nuevo decreto, que pretende responder tanto a las necesidades de los colectivos más vulnerables como a las de jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que han quedado fuera del mercado libre.
Un 30% de las viviendas para rentas medias
La reforma busca ampliar el alcance de la vivienda protegida sin reducir la protección de las personas con menores ingresos. Para ello, el futuro decreto modificará el sistema de cupos y los criterios de baremación, incorporando variables como el arraigo, el proyecto de vida o la adecuación de la vivienda a las necesidades reales de cada unidad convivencial. El objetivo, según el Gobierno Vasco, es ofrecer una respuesta más equilibrada a la diversidad de situaciones existentes.
Apartamentos intergeneracionales y cambios para mayores
La nueva normativa también consolidará un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales, destinados tanto a jóvenes menores de 36 años como a personas mayores autónomas. En el caso de estas últimas, se plantea rebajar la edad mínima de acceso de 70 a 65 años y, cuando sean propietarias de una vivienda, vincular su acceso a la cesión del inmueble al programa Bizigune para incrementar la oferta de alquiler protegido.
Además, el decreto recuperará la posibilidad de adjudicar vivienda protegida a personas propietarias cuya vivienda haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares, siempre que la vivienda anterior sea entregada, cedida o puesta a disposición de la Administración.
Más peso a la antigüedad en Etxebide
Otra de las modificaciones previstas afecta al funcionamiento del registro de Etxebide. El Gobierno Vasco quiere reforzar el valor de la antigüedad de la inscripción para reconocer la permanencia de los solicitantes y evitar que cambiar la preferencia entre alquiler y compra suponga perder automáticamente los puntos acumulados, siempre que la nueva modalidad se mantenga durante un periodo mínimo de tres años.
La consulta pública permanecerá abierta durante quince días hábiles a partir del viernes. Durante este periodo, la ciudadanía podrá presentar observaciones, propuestas y alegaciones a través de los canales habilitados por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana antes de la redacción definitiva del nuevo decreto.
