Elkarrekin Bilbao ha presentado ocho enmiendas a las ordenanzas fiscales municipales con las que pretende dar un giro a la política tributaria de la ciudad. La coalición, integrada por Podemos, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo, calcula que sus propuestas permitirían incrementar la recaudación en 31,35 millones de euros anuales, destinando esos recursos a reforzar los servicios públicos y facilitar el acceso a la vivienda.
El concejal Xabi Jiménez ha defendido que la política fiscal debe convertirse en una herramienta de justicia social y ha asegurado que el esfuerzo económico debe recaer principalmente sobre los grandes patrimonios, los grandes tenedores de vivienda y la actividad turística.
Más presión fiscal sobre las viviendas vacías
Entre las principales medidas destaca la propuesta de elevar hasta el 150% el recargo del IBI para las viviendas vacías, con el objetivo de favorecer su salida al mercado.
Al mismo tiempo, Elkarrekin Bilbao plantea aumentar del 75% al 99% la bonificación del IBI para los propietarios que cedan sus viviendas a programas públicos de alquiler.
La coalición también propone que los inmuebles con mayor valor catastral paguen más impuestos y critica la rebaja del IBI aprobada hace tres años, al considerar que benefició especialmente a los inmuebles de mayor valor.
Impuesto turístico al máximo permitido
Otra de las medidas estrella pasa por aplicar el tipo máximo del Impuesto sobre las Estancias Turísticas e incorporar un recargo del 50% para Bilbao, al superar los 750 alojamientos turísticos.
Según Xabi Jiménez, esta medida permitiría ingresar más de 26 millones de euros al año, que podrían destinarse a inversiones en los barrios, políticas de vivienda y a compensar el impacto que el turismo genera sobre los servicios públicos.
El edil ha señalado que la intensidad turística de Bilbao ronda el 6% y ha advertido de que barrios como el Casco Viejo concentran un número de plazas turísticas cada vez más próximo al de residentes.
Tasa para las empresas de telefonía móvil
Elkarrekin Bilbao también celebra que, tras varios años reclamándolo, las empresas distribuidoras de telefonía móvil comiencen a pagar por la utilización del espacio público municipal, una obligación que, según la formación, ya asumían el resto de compañías distribuidoras de servicios.
