El colapso de Tubos Reunidos no ha sido repentino. La compañía llevaba meses arrastrando una situación financiera cada vez más delicada, agravada por la falta de liquidez y el deterioro de su actividad industrial. A cierre de 2025, el grupo acumulaba una deuda neta de más de 263 millones de euros y unas pérdidas que alcanzaron los 118 millones.
La imposibilidad de generar caja suficiente y de cerrar un acuerdo con sus acreedores ha terminado por forzar una decisión que el mercado ya anticipaba desde finales de abril.
El impacto de los aranceles y el mercado internacional
Uno de los golpes más duros para la empresa ha sido el cambio en la política comercial de Donald Trump, que elevó los aranceles al acero en un 50 % en Estados Unidos, su principal mercado.
Este movimiento alteró por completo la estrategia del grupo, obligándole a buscar alternativas como la diversificación geográfica hacia países como Alemania, Italia o Arabia Saudí, además de apostar por productos descarbonizados. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para frenar el deterioro.
De gigante industrial a mínimos bursátiles
Hace dos décadas, Tubos Reunidos llegó a superar los 700 millones de euros de capitalización bursátil. Hoy, su valor apenas ronda los 27 millones, reflejo de una pérdida progresiva de confianza por parte de los inversores.
La caída en bolsa ha sido especialmente intensa en 2026, con desplomes superiores al 55 % en lo que va de año. Incluyendo una jornada crítica en abril en la que perdió más del 37 % de su valor.
El bloqueo con acreedores y la presión de la deuda pública
Entre los principales acreedores figuran entidades como Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Banco Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank y el Instituto de Crédito Oficial.
Especialmente relevante es el caso de la SEPI, que concedió 112,8 millones de euros durante la pandemia a través de su fondo de rescate. La falta de acuerdo para capitalizar esa deuda ha sido uno de los factores determinantes en el desenlace.
Además, la empresa se enfrentaba en junio a vencimientos clave en su calendario de pagos, lo que aumentaba la presión sobre su tesorería.
Tensiones laborales y reestructuración fallida
El proceso de ajuste interno tampoco ha sido sencillo. La negociación de un ERE para sus plantas en España quedó bloqueada por la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores, lo que dificultó aún más la viabilidad del plan de reestructuración.
Este escenario ha contribuido a reducir la actividad y a empeorar la situación operativa de la compañía.
Cambios en la cúpula sin efecto suficiente
En un intento por reconducir la crisis, la empresa renovó su cúpula directiva a comienzos de 2026. Joaquín Fernández de Piérola asumió la presidencia en sustitución de Josu Calvo Moreira, con el objetivo de pilotar una situación compleja.
Sin embargo, los cambios no han logrado revertir la tendencia negativa ni desbloquear las negociaciones clave.
Impacto en accionistas y entorno industrial
El golpe afecta de lleno tanto a grandes accionistas como BBVA como a históricas familias empresariales vascas, entre ellas los Zorrilla-Lequerica, los Ybarra o los Gómez de Olea.
Más allá del accionariado, la situación genera una fuerte preocupación en el tejido industrial y social, especialmente en la comarca alavesa de Aiaraldea, donde la empresa tiene un peso significativo.
El Gobierno vasco ya ha mostrado su apoyo a los trabajadores y ha hecho un llamamiento a buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad en un contexto especialmente complejo.
