El Gobierno Vasco impulsa cambios legales para evitar la descalificación de VPO en zonas tensionadas y reforzar el control sobre su transmisión. Se trata de evitar fraudes por sobreprecio, garantizar la transparencia y reforzar el carácter social del parque protegido.
La primera medida persigue evitar la descalificación de viviendas protegidas construidas antes de 2003 y que perderán próximamente su régimen de protección. Aunque las viviendas calificadas a partir de ese año cuentan con protección permanente, un total de 1.071 viviendas anteriores a esa fecha dejarán de estar protegidas en los próximos años, de las cuales 901 se encuentran en zonas declaradas tensionadas.
La segunda medida supone la creación de un derecho de adquisición legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas con calificación permanente. La reforma establecerá que, cuando una persona propietaria quiera vender una vivienda protegida, deberá ofrecerla previamente al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que designará a la persona compradora entre quienes figuren inscritas en Etxebide con base en criterios objetivos, como la antigüedad en el registro o la adecuación de la vivienda a la unidad convivencial.
Se logran varios objetivos
Según el consejero vasco, Denis Itxaso, “con esta medida conseguimos varios objetivos: evitar fraudes por sobreprecio, mediante contratos de venta de muebles o similares; garantizar que más de 1.000 transmisiones anuales de vivienda protegida se realicen con plena transparencia; y, sobre todo, reforzar el carácter social del parque protegido, asegurando que llegue a quien realmente lo necesita”. Ha resumido el alcance de esta transformación asegurando que, en la práctica, este instrumento permitirá al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana actuar “como una gran inmobiliaria pública de vivienda protegida”.
