La Inspección de Trabajo del País Vasco envía comunicaciones a 3.063 empresas vascas para advertir sobre los riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras derivados de las olas de calor y de las altas temperaturas. Esta actuación forma parte del Plan Estival 2026, impulsado por el l Gobierno Vasco, para prevenir enfermedades y accidentes laborales asociados a la exposición a temperaturas extremas.
Lo cierto es que con la llegada del verano, aumentan los riesgos laborales vinculados a la exposición prolongada al calor, especialmente en actividades desarrolladas al aire libre o en entornos de trabajo con elevadas temperaturas. Estas condiciones incrementan el estrés térmico y pueden provocar consecuencias graves para la salud, desde golpes de calor y deshidratación hasta, en situaciones extremas, la muerte.
Este año las comunicaciones electrónicas se han enviado a 551 empresas de Álava, 1.576 de Bizkaia y 936 de Gipuzkoa. En ellas se recuerda a las empresas su obligación legal de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, se subraya la necesidad de evaluar específicamente los riesgos derivados de condiciones termohigrométricas extremas y de planificar medidas adecuadas de prevención y protección. Entre estas medidas se incluyen la reorganización de horarios para evitar las horas de mayor exposición, el refuerzo de pausas y descansos, la disponibilidad de agua potable, la habilitación de zonas de sombra o refrigeradas y la vigilancia específica de personas especialmente vulnerables.
Medidas preventivas
El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo recuerda también que Osalan pone a disposición de empresas y personas trabajadoras materiales específicos sobre estrés térmico, incluyendo recomendaciones prácticas y recursos divulgativos para prevenir los efectos del calor en el entorno laboral.
Infracciones graves o muy graves
Las comunicaciones recuerdan igualmente que el incumplimiento del deber de protección frente a estos riesgos puede constituir infracciones graves o muy graves en materia de seguridad y salud laboral. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de entre 2.451 y 49.180 euros en los casos graves, y de entre 49.181 y 983.736 euros en los muy graves.