La Guardia Civil ha desarticulado una presunta red de explotación laboral que operaba en el norte de España y ha detenido a tres personas por su supuesta implicación en una trama que suministraba mano de obra barata para obras de construcción en Euskadi, Cantabria y Asturias. Además, una cuarta persona permanece investigada.
La operación, denominada ‘Ambotan-Canapu’, ha permitido identificar al menos a 41 trabajadores extranjeros que, según la investigación, eran víctimas de explotación laboral y se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad.
Una empresa con actividad en Bizkaia
La investigación comenzó el pasado verano, cuando la Guardia Civil detectó indicios de una red dedicada a explotar laboralmente a trabajadores extranjeros. Las pesquisas permitieron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia y cuya sede económica estaba en Vitoria-Gasteiz.
Según los investigadores, la organización captaba mano de obra extranjera vulnerable y la distribuía por distintas obras del norte del país, aprovechándose de su situación económica y administrativa.
Deudas de hasta 30.000 euros
Muchas de las víctimas habían llegado a España tras largas rutas migratorias con la promesa de conseguir un empleo estable. Algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, lo que aumentaba su dependencia de la organización.
Los agentes comprobaron además que los trabajadores eran trasladados diariamente desde distintos puntos de Vitoria-Gasteiz hasta obras en Euskadi, Cantabria y Asturias. En el caso de estas dos últimas comunidades, permanecían alojados durante la semana en viviendas cuyas condiciones también se investigan.
Inspecciones y registros
En febrero se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante el operativo final, se inspeccionaron diez obras en Euskadi, Cantabria y Asturias, detectándose presuntas irregularidades laborales en siete de ellas.
La investigación también reveló que varios trabajadores habían sufrido accidentes laborales y, tras recibir asistencia sanitaria, fueron apartados de su actividad.
La mayoría, en situación irregular
Durante el dispositivo fueron identificados 41 trabajadores extranjeros, de los que 40 se encontraban en situación administrativa irregular en España. Muchos utilizaban documentación de terceras personas para acreditar su identidad y, posteriormente, algunos reconocieron haber pagado importantes cantidades de dinero a organizaciones que facilitaban la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.
La Guardia Civil realizó además tres registros en inmuebles y establecimientos de Bizkaia y Álava, donde intervino documentación y dispositivos electrónicos que siguen siendo analizados.
Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado competente de Santander, que dirige la investigación. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones.
