Vecinos de los conocidos como 8 de Erandio, en Tartanga, han iniciado una batalla colectiva para tratar de evitar que varias familias tengan que abandonar sus viviendas tras el cambio de propietario de los inmuebles. Denuncian que los pisos han sido vendidos a un fondo de inversión y que algunos contratos de alquiler no están siendo renovados.
Contratos que vencen
Según explica Íñigo Ekintza, trabajador del sindicato LAB y una de las personas que está acompañando a las familias en este proceso, las primeras notificaciones comenzaron a llegar en abril. Algunos residentes, que llevan entre 15 y 20 años viviendo en estos pisos, han recibido comunicaciones en las que se les informa de que sus contratos no serán renovados.
La situación ha generado preocupación entre los vecinos, especialmente ante los primeros vencimientos previstos a partir del 1 de octubre. Ekintza puntualiza que esta fecha no implica directamente un desahucio, sino que marca el momento a partir del cual el propietario podría iniciar un procedimiento judicial para recuperar la vivienda.
Una disputa en los tribunales
Los afectados han recurrido a distintas vías legales para tratar de ganar tiempo y evitar posibles desalojos. Algunos residentes solicitaron una prórroga de sus contratos al amparo de un real decreto aprobado por el Gobierno, aunque su validez en estos casos está pendiente de interpretación jurídica.
Además, han presentado una demanda colectiva en la que cuestionan la operación de venta de las viviendas al considerar que deberían haber tenido la posibilidad de acceder a ellas antes de su transmisión al fondo.
También reclaman que Erandio sea declarado zona tensionada, una medida que, según señalan, permitiría ampliar el margen de negociación y prolongar los alquileres.
Apoyo de organizaciones sindicales
Los vecinos, apoyados por organizaciones sindicales, defienden que la respuesta debe ser colectiva. Denuncian que las empresas propietarias pueden intentar negociar individualmente con cada familia para facilitar su salida de los pisos.
«La vivienda es un derecho y no un negocio», sostiene Ekintza, que acusa al nuevo propietario de buscar un negocio rápido y rentable con unas viviendas en las que algunas familias llevan dos décadas residiendo.
Los afectados preparan además una rueda de prensa y una movilización para las próximas semanas con el objetivo de dar visibilidad al conflicto y reclamar una solución que permita a las familias permanecer en sus hogares.
