El Consejero de seguridad, Bingen Zupiria ha estrenado la nueva temporada de La Kapital de Telebilbao.
El debate sobre la transparencia en los datos policiales y la multirreincidencia delictiva ha tomado el centro de la actualidad política y de la entrevista de Joseba Solozábal
El departamento de Seguridad defiende con firmeza la política de hacer pública la identidad o la nacionalidad de las personas detenidas, una práctica implantada desde hace un tiempo en los balances policiales de la autonomía. Esta información resulta necesaria para contextualizar la realidad delictiva y diseñar actuaciones preventivas de cara al futuro, ya que aporta datos importantes que benefician el análisis global de la delincuencia en las calles.
La multirreincidencia
Un caso real sucedido esta misma jornada ilustra la gravedad de la situación actual y la impunidad con la que actúan ciertos perfiles en las ciudades. Las fuerzas de seguridad han detenido a un joven de 28 años que acumulaba ya la sorprendente cifra de 29 arrestos previos a sus espaldas, la gran mayoría de ellos relacionados con hurtos de carácter continuado: «Resulta imprescindible visibilizar estos expedientes para que la sociedad comprenda la complejidad del trabajo policial. Es necesario poner el foco en la pesada «mochila» de antecedentes que arrastran estas personas en el momento de su captura, un factor que el sistema penal a menudo no pondera con la gravedad que merece. La carga penal acumulada, como la detención número 29 de este joven, debería acarrear consecuencias punitivas inmediatas, y esta acumulación de delitos debe tener una importancia decisiva en la resolución final que dicten los jueces y los fiscales. Quien comete un delito lo tiene que pagar, independientemente de su lugar de procedencia», ha dicho el Consejero.
Integración y firmeza
Al hilo de la procedencia de los infractores, los datos demográficos actualizados muestran que, de los más de dos millones de habitantes que residen actualmente en la comunidad autónoma, un total de 315.000 personas son de origen extranjero, lo que representa aproximadamente el 15% de la población total.
Este colectivo ha experimentado un crecimiento muy intenso durante los últimos años, si bien el porcentaje se sitúa todavía por debajo de la media estatal.
La inmensa mayoría de estos nuevos ciudadanos llega con el único objetivo de trabajar y progresar de forma honrada: «La sociedad exige que las instituciones ayuden a quienes vienen con ganas de aportar, pero también pide firmeza y máxima exigencia con aquellos que deciden no cumplir las normas».
Por otro lado, las nuevas dinámicas delictivas entre los más jóvenes encienden las alarmas. La Fiscalía lleva ya dos años advirtiendo de forma muy seria sobre los peligros reales derivados de las redes sociales y el uso descontrolado de las pantallas en la adolescencia. Este consumo digital desmedido influye de manera directa en los menores, empujándolos en ocasiones a cometer infracciones penales graves, especialmente aquellas de carácter sexual o machista. Estas conductas representan expedientes de una gran complejidad técnica y social, cuya solución no depende de manera exclusiva de las pautas educativas de los colegios, sino que involucra de lleno al entorno familiar directo.
La violencia de género
Las administraciones mantienen todavía una alarmante cuenta pendiente con la violencia de género, un problema estructural que requiere un cambio de perspectiva en las comisarías y los juzgados.
Las instituciones no otorgan a esta amenaza la importancia real que merece debido a un error de planteamiento en su gestión pública. Los estamentos institucionales tratan la violencia machista más como un asunto transversal de igualdad que como un problema prioritario de seguridad ciudadana, un enfoque que debilita la protección directa de las mujeres vulnerables.
La responsabilidad de Marruecos
Respecto a la política fronteriza y la situación de Ceuta, el escenario actual constituye un drama estrictamente humanitario. Sin embargo, los debates políticos pasan por alto la enorme cuota de responsabilidad internacional que ostenta el Gobierno de Marruecos en la actual crisis migratoria de la ciudad autónoma: «De las miles de personas que saturan las infraestructuras de Ceuta, un total de 2.000 corresponden a menores de edad no acompañados, una cifra insostenible que exige mayor firmeza diplomática.
Las autoridades no deben limitarse únicamente a salvarles la vida en el mar; la solución requiere identificarlos minuciosamente, verificar su procedencia exacta, ofrecerles una acogida temporal digna y decidir posteriormente, bajo criterios legales estrictos, si deben permanecer en el territorio o regresar de inmediato con sus familias de origen».
El caso de Ander
Por último, el fallecimiento de Ander, el joven que perdió la vida en Santurtzi tras una intervención con un dispositivo táser por parte de la Policía Local, mantiene un compromiso de absoluta transparencia institucional: «Una investigación rigurosa hasta el último dato técnico para esclarecer la verdad de lo sucedido y depurar las responsabilidades que correspondan.Aunque ninguna resolución aliviará el inmenso dolor que sufre la familia de Ander, el expediente aclarará de forma nítida si las patrullas implicadas actuaron de forma correcta y proporcional a la norma escrita». Las pesquisas no se limitarán a un examen interno, sino que la resolución final se enmarcará dentro del estricto protocolo de investigación judicial independiente establecido para este tipo de sucesos graves bajo custodia
