La plantilla de Tubos Reunidos ha regresado este lunes a sus puestos de trabajo después de casi 100 días de huelga indefinida en la planta de Amurrio, aunque el conflicto laboral sigue muy lejos de cerrarse. La suspensión de los paros llega tras semanas de tensión entre trabajadores, sindicatos y dirección, y en un momento especialmente delicado para la compañía, inmersa ya en un concurso voluntario de acreedores aprobado por el juzgado mercantil de Vitoria. Desde la sección sindical de CNT en Tubos Reunidos consideran que la huelga queda únicamente “en suspenso” y defienden que la lucha continúa abierta ante el riesgo real de despidos, cierres y reestructuraciones internas.
Una huelga histórica marcada por el rechazo al ERE
La movilización comenzó el pasado 16 de marzo como respuesta al Expediente de Regulación de Empleo planteado por la empresa. Durante más de tres meses, los trabajadores han mantenido protestas y movilizaciones para denunciar la situación económica de la compañía y las medidas laborales previstas por la dirección.
CNT sostiene que negarse a firmar el acuerdo del ERE fue “una decisión correcta y necesaria”, al considerar que la empresa no había acreditado suficientemente las causas económicas alegadas. Además, el sindicato asegura que las condiciones propuestas por la dirección terminaban conduciendo igualmente al escenario actual de concurso de acreedores.
La vuelta al trabajo se produjo después de que una asamblea de empleados votara a favor de suspender temporalmente la huelga. Inicialmente, sindicatos como ELA, LAB y ESK mostraron su rechazo a esa decisión, aunque finalmente han aceptado la reincorporación de la plantilla, una situación que ha generado discrepancias internas entre los trabajadores.
El concurso de acreedores cambia el escenario
La entrada en concurso supone un punto de inflexión para Tubos Reunidos. Según CNT, la empresa se encuentra ahora en el escenario que buscaba para poder reestructurar deuda pública, aplicar posibles ERE o ERTE concursales y trasladar parte de la gestión al administrador concursal.
El próximo 26 de mayo está prevista una reunión clave entre la jueza del caso, la administración concursal, la dirección de la empresa y los sindicatos para analizar qué medidas laborales podrían aplicarse a partir de ahora.
Aunque los representantes sindicales creen que las medidas planteadas por la compañía quedan de momento suspendidas, advierten de que no han desaparecido definitivamente.
CNT pide investigar posibles irregularidades
Uno de los aspectos más delicados del conflicto es la petición de investigación realizada por CNT sobre posibles irregularidades vinculadas a la gestión económica de la empresa. El sindicato señala varios indicios que considera graves y que, a su juicio, deberían analizarse dentro de la sección sexta del procedimiento concursal, la parte encargada de determinar si el concurso puede calificarse como culpable.
Entre las cuestiones que plantean aparecen el posible desvío de fondos públicos procedentes de la SEPI, la contratación de un asesor vinculado al organismo público meses antes del concurso o un posible tráfico de influencias relacionado con el crédito FASEE concedido a la compañía.
También denuncian un supuesto uso fraudulento de la huelga como argumento formal para justificar la insolvencia empresarial.
Las líneas rojas de los trabajadores
CNT deja claro que cualquier futura reestructuración deberá cumplir varias condiciones “irrenunciables”. Entre ellas destacan el rechazo al cierre de la acería, la oposición a externalizar la logística y la negativa a aceptar despidos traumáticos.
Además, los trabajadores mantendrán movilizaciones y acciones de presión en el día a día, incluyendo el cumplimiento estricto del convenio y el rechazo a cambios de puestos, turnos o calendarios que no hayan sido pactados.
Mientras tanto, el comité de empresa de Amurrio y representantes de la planta de Trápaga comparecerán esta semana en el Parlamento Vasco para defender medidas que garanticen la continuidad industrial del grupo.
Una situación económica crítica
Tubos Reunidos atraviesa una situación financiera extremadamente delicada. La compañía cerró el último ejercicio con pérdidas de 118 millones de euros y arrastra una deuda de 263 millones, de los cuales alrededor de 150 millones corresponden a préstamos concedidos por la SEPI tras la pandemia.
La dirección ya ha advertido públicamente de que, si no aparecen inversores o soluciones financieras viables, el concurso de acreedores podría desembocar en el cese definitivo de la actividad y en la extinción de todos los contratos de trabajo.
